Madrid – El nuevo reglamento de la ley de extranjería, que entrará en vigor este mes de mayo, eliminará trabas para que los extranjeros puedan estudiar y trabajar a la vez en España, destacó este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La ministra, que intervino en el foro Next Education, defendió, como recoge el reglamento, que la autorización por estudios se extienda durante todo el tiempo que dura la formación, porque «es inconcebible que se pueda caer en una irregularidad sobrevenida».
Ademas, se hará compatible estudiar y trabajar hasta 30 horas semanales, también en sectores no relacionados con los estudios, y habrá una vía rápida «para que una vez que se concluyan los estudios, no haya que volver al país de origen» para después volver a trabajar a España.
«El proceso migratorio no tiene que estar en encorsetado, uno puede venir a formarse en una materia, pero luego encontrar un trabajo en otra para que esté perfectamente también capacitado», explicó Saiz.
En España hay tres millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, ocupan uno de cada cuatro empleos. Medio millón son autónomos y crece su presencia en sectores de alto valor añadido.
El modelo español es, según la ministra de Inclusión, un «faro que da luz» en un contexto de avance de «olas reaccionarias que denostan la migración». Además, frente a los bulos, señaló la necesidad de talento y destacó el impacto que la emigración tiene sobre la economía.
También respondió a las críticas de ONG sobre que el reglamento de extranjería no favorece a quienes solicitan asilo y defendió que lo que hace es dejar esa vía despejada para quienes tienen su vida en peligro y necesitan protección internacional.
San Sebastián (España) – Ser negro en una frontera invisible como la que separa la localidad española de Irun de la francesa en Hendaya es un problema, sobre todo para los migrantes subsaharianos que se encuentran en tránsito hacia otros países de Europa, pero también para los que residen en la zona, acostumbrados a que les pare la Policía gala.
El drama de la inmigración en el Mediterráneo central y en la aún más peligrosa ruta canaria en el Atlántico ha dejado en segundo plano el problema que viven muchas personas que, tras arriesgar su vida, llegan a Europa y se encuentran con nuevos impedimentos, como el de la frontera franco-española en el País Vasco, que salpica también a los ciudadanos negros que viven en la comarca.
La película ‘La isla de los faisanes’, ópera prima de Asier Urbieta estrenada este 25 de abril, aborda ese asunto. Al actor Sambou Diaby, un joven de origen africano nacido en la ciudad española de Pamplona (norte), coprotagonista de la película, le paró la Policía francesa durante el rodaje. A su personaje en el filme, le ocurre otro tanto.
En este caso, la ficción no cuenta nada que no haya ocurrido en la realidad, también la más trágica, que ha costado la vida a cinco jóvenes que vieron en el río Bidasoa (frontera entre Francia y España) una vía de acceso a Francia cuando los controles de la Gendarmería francesa se establecieron física y diariamente para bloquear otros puntos de entrada.
Devoluciones en caliente
Muchos de los que logran cruzar acaban otra vez en Irun porque las devoluciones en caliente siguen siendo «constantes», asegura a EFE Ohiana Galardi Ogallar, miembro de Irungo Harrera Sarea, la red de acogida de Irun.
Esta organización de voluntarios fue una importante fuente de documentación para el equipo de la película, y también alertó sobre una situación que en 2018 emergió de la noche a la mañana cuando las autoridades francesas comenzaron a instalar los controles e impedir el paso de inmigrantes en situación irregular, que quedaban bloqueados en territorio español sin ningún tipo de respaldo.
«Estos controles estaban en la frontera italiana desde los atentados de 2015 en Francia (Charlie Hebdo y Bataclan). En 2018 empiezan a verse aquí porque hay una cambio de la ruta desde el Mediterráneo central a la zona del Estrecho (con la llegada de Mateo Salvini al Ministerio del Interior italiano). Pero lo que queda patente desde el principio es que, aunque la razón sea la amenaza terrorista, son controles migratorios», asegura Galardi.
Los más férreos fueron en 2021 y 2022, que llevó a esos cinco jóvenes que perecieron ahogados a cruzar a nado el Bidasoa. A ellos se sumaron otros tres que murieron arrollados por el tren, ya en Francia; y uno que se suicidó tras ser devuelto a Irun.
Servicios de acogida
A Irun también fue devuelto Ibrahima Balde, que había pasado a Francia tras sobrevivir al desierto y al mar, y que cuenta su propia odisea en ‘Hermanito’, el libro que firma junto a Amets Arzallus y que recomendó más de una vez el papa Francisco, quien recibió a ambos en el Vaticano en 2023.
Arzallus es también voluntario y conoció a Balde durante su voluntariado en la red de acogida de Irun, que el año pasado atendió a más ded 6.000 personas migranrtes, un 53 % más que en 2023, aunque por debajo de los 8.115 de 2021.
Galardi señala que, aunque ahora haya «un poco más de aire», existen «controles móviles» que afectan «a las personas racializadas y migrantes». «Hemos constatado devoluciones desde Burdeos (Francia)», afirma. La red está en contacto con asociaciones que hacen una labor similar en Francia.
Explica que es «una constante» que la policía francesa pida la documentación a residentes de la comarca, donde es habitual cruzar la frontera por trabajo o por ocio, por eso reclama el fin de esos controles, que además, según destaca Galardi, hacen que otras personas cobren a los migrantes por ese viaje.
