Denver (EE.UU.).- La Cámara de Representantes de Colorado, con mayoría demócrata, aprobó este lunes una nueva ley que amplía las protecciones estatales existentes para los inmigrantes y limita aún más la interacción de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración, en contravía a las políticas del presidente Donald Trump.
La ley SB25-276, llamada Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio, se dirige al escritorio del gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, que ha dicho que la firmará.
La nueva medida, impulsada por la senadora Julie Gonzales y por la representante Lorena García, ambas demócratas, modifica la ley de Seguridad Vial y Comunitaria de Colorado, de 2013, que otorgó licencias de conducir a indocumentados.
Específicamente, SB25-276 ya no requiere que, para obtener documentos de identidad estatales, los inmigrantes presenten una declaración jurada indicando que califican para regularizar su situación. Además, prohíbe que una persona detenida en cárceles locales siga detenida sólo por su estado inmigratorio.
Además, prohíbe a las fuerzas del orden locales o de otros estados detener en Colorado a personas sospechosas de carecer de documentos válidos de inmigración. Y la policía y los alguaciles locales no podrán firmar contratos con agencias federales de inmigración, ni aunque sean contratos sin compensación económica.
También permite que los indocumentados soliciten la nulidad de declaración de culpabilidad por delitos menores si, al hacerlo, no recibieron asesoría legal adecuada de sus derechos o de las consecuencias de declararse culpable.
La SB25-276 enfatiza que habrá cooperación con las autoridades federales en caso de crímenes federales o que una orden judicial así lo establezca.
“Colorado es más fuerte cuando todos podemos contribuir a nuestra economía sin temor”, declaró en un comunicado la representante Velasco.
“Estamos tomando medidas para fortalecer las leyes de Colorado sobre el intercambio de datos personales y reafirmar nuestras protecciones existentes para garantizar el debido proceso para todos, independientemente de su estatus migratorio”, añadió.
Colorado hace parte de los estados conocidos como “santuario de inmigrantes” contra los que Trump ha cargado, echándoles la culpa sin pruebas de interferir en el trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El gobernador Polis, junto al fiscal estatal, Phil Weiser, y al alcalde de Denver, Mike Johnston, figuran en una demanda presentada el viernes pasado por el gobierno federal en una corte en Denver contra las llamadas “políticas santuario” en Colorado. El Departamento de Justicia presentó demandas similares contra Chicago y Rochester, Nueva York.
El Gobierno Trump argumenta que las “políticas santuario” de Colorado (es decir, cooperación limitada con ICE), permitieron a la pandilla venezolana Tren de Aragua “tomar el control” de edificios de apartamentos en Aurora, suburbio al este de Denver.
Funcionarios de Colorado, incluyendo Mike Coffman, republicano y alcalde de Aurora, reconocieron la presencia de pandilleros, pero negaron tanto que esos pandilleros se hubiesen apoderado “de amplias zonas de la ciudad” como que no hubiese existido cooperación con ICE.
