San José – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará en Guatemala, del 19 al 23 de mayo, un periodo de sesiones en el que verá casos contra Honduras y Ecuador relacionados a pueblos indígenas, y contra Perú por una intervención quirúrgica que causó la muerte a una mujer.
La primera audiencia se llevará a cabo el 20 de mayo y se refiere a alegadas violaciones al pueblo indígena Salango en Ecuador, como la falta de protección a la propiedad ancestral en un proceso de compraventa de territorios en el que participó un empresario extranjero.
La demanda contra el Estado indica que la inscripción del territorio de la comunidad de Salango en favor de un tercero habría provocado la privatización de los caminos ancestrales que daban acceso al mar, generando que los integrantes del pueblo no puedan pescar, recoger mariscos, bucear, entre otras actividades tradicionales y para su subsistencia.
El 21 de mayo la CorteIDH realizará la audiencia por el caso de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos contra Honduras, relacionado a violaciones al derecho a la propiedad colectiva.
La denuncia indica que a través de una declaración de parte del territorio de la comunidad como área natural protegida y posteriormente como Monumento Natural Marino, así como el desarrollo turístico, habrían afectado las prácticas tradicionales de subsistencia del pueblo, el disfrute de la propiedad y de sus recursos colectivos.
La última audiencia se celebrará por el caso Ramos Durand contra Perú en el cual se acusa al Estado por la intervención quirúrgica de esterilización y posterior fallecimiento de Celia Edith Ramos Durand en 1997.
Como parte de su visita a Guatemala, la CorteIDH efectuará el 19 de mayo el seminario internacional ‘Líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su impacto y Control de Convencionalidad’, con la participación de jueces y juezas del tribunal internacional y de especialistas en derechos humanos y derecho internacional.
Washington – El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este martes una orden que permite al Gobierno de Donald Trump excluir a las personas transgénero del Ejército.
En una orden breve que estará en vigor mientras el asunto se dirime en la corte de apelación, y que se decidió con la oposición de los tres magistrados de tendencia liberal, el tribunal concedió un recurso de emergencia en contra de una decisión de una corte en menor instancia.
Poco después de regresar al poder en enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva donde estipuló que identificarse con un género diferente del sexo asignado al nacer “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.
Para hacer cumplir este decreto, el Pentágono clasificó a la disforia de género -la expresión médica que describe la discrepancia de una persona con el sexo/género asignado al nacer- como una condición médica que descalifica a las personas para el servicio militar.
Según ese documento, el uso de pronombres incompatibles con el sexo asignado comprometía “la capacidad del Gobierno de establecer estándares elevados de preparación de las tropas, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad”.
De acuerdo con un documento publicado por el Pentágono a finales de febrero, solo un 0.2 % de las personas que actualmente sirven en las fuerzas armadas son transgénero.
A finales de marzo, una jueza federal en el Distrito de Columbia bloqueó el decreto presidencial contra las personas trans en el Ejército.
La demanda había sido presentada por seis miembros en activo y dos personas que querían alistarse, alegando que esa orden violaba sus derechos constitucionales.
Puerto Príncipe – La violencia extrema que vive la capital de Haití y la falta de estructuras médicas operativas llevarán al límite la capacidad del hospital de traumatología de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tabarre, al norte de la ciudad, advirtió este martes la organización.
Esto generaría «una situación aún más desesperada para los habitantes de la ciudad cuyo acceso a la atención quirúrgica se reduciría considerablemente», subrayó en un comunicado MSF, que alertó de que Puerto Príncipe está sufriendo un nivel de violencia extremadamente alto en un momento en el que los grupos armados coordinan ataques en varias zonas de la ciudad, que antes estaban fuera de su control.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), citada por MSF, se trata de un contexto sin precedentes en el que más del 60 % de las instalaciones sanitarias de Puerto Príncipe están cerradas o no funcionan.
Las que permanecen abiertas se enfrentan a una grave escasez de recursos humanos, equipos y servicios especializados. En solo un mes, el número de hospitales con capacidad para tratar traumatismos se ha reducido a la mitad pasando de cuatro a dos.
En marzo, MSF tuvo que suspender sus actividades en su centro de traumatología de Carrefour tras el ataque intencionado de cuatro vehículos de la organización que estaban tratando de poner a salvo al personal que trabajaba en el Centro de Emergencias de Turgeau.
Durante la evacuación, los vehículos de MSF, claramente identificados, recibieron 15 disparos, recordó el comunicado.
El Hospital Universitario de Mirebalais, uno de los últimos centros con capacidad para prestar atención traumatológica, suspendió sus actividades el 23 de abril debido a la inseguridad en la zona, ya que se encuentra en una carretera controlada ahora por grupos armados.
El Hôpital Universitaire de la Paix permanece abierto, pero también está saturado, de acuerdo con la organización, que reclamó protección para los civiles y respeto para las instalaciones sanitarias en las zonas de combate.
Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país por la violencia que involucra a las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.
El balance da cuenta también que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.
El organismo dijo que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.
El pasado viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición criminal Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.
San Sebastián (España) – Ser negro en una frontera invisible como la que separa la localidad española de Irun de la francesa en Hendaya es un problema, sobre todo para los migrantes subsaharianos que se encuentran en tránsito hacia otros países de Europa, pero también para los que residen en la zona, acostumbrados a que les pare la Policía gala.
El drama de la inmigración en el Mediterráneo central y en la aún más peligrosa ruta canaria en el Atlántico ha dejado en segundo plano el problema que viven muchas personas que, tras arriesgar su vida, llegan a Europa y se encuentran con nuevos impedimentos, como el de la frontera franco-española en el País Vasco, que salpica también a los ciudadanos negros que viven en la comarca.
La película ‘La isla de los faisanes’, ópera prima de Asier Urbieta estrenada este 25 de abril, aborda ese asunto. Al actor Sambou Diaby, un joven de origen africano nacido en la ciudad española de Pamplona (norte), coprotagonista de la película, le paró la Policía francesa durante el rodaje. A su personaje en el filme, le ocurre otro tanto.
En este caso, la ficción no cuenta nada que no haya ocurrido en la realidad, también la más trágica, que ha costado la vida a cinco jóvenes que vieron en el río Bidasoa (frontera entre Francia y España) una vía de acceso a Francia cuando los controles de la Gendarmería francesa se establecieron física y diariamente para bloquear otros puntos de entrada.
Devoluciones en caliente
Muchos de los que logran cruzar acaban otra vez en Irun porque las devoluciones en caliente siguen siendo «constantes», asegura a EFE Ohiana Galardi Ogallar, miembro de Irungo Harrera Sarea, la red de acogida de Irun.
Esta organización de voluntarios fue una importante fuente de documentación para el equipo de la película, y también alertó sobre una situación que en 2018 emergió de la noche a la mañana cuando las autoridades francesas comenzaron a instalar los controles e impedir el paso de inmigrantes en situación irregular, que quedaban bloqueados en territorio español sin ningún tipo de respaldo.
«Estos controles estaban en la frontera italiana desde los atentados de 2015 en Francia (Charlie Hebdo y Bataclan). En 2018 empiezan a verse aquí porque hay una cambio de la ruta desde el Mediterráneo central a la zona del Estrecho (con la llegada de Mateo Salvini al Ministerio del Interior italiano). Pero lo que queda patente desde el principio es que, aunque la razón sea la amenaza terrorista, son controles migratorios», asegura Galardi.
Los más férreos fueron en 2021 y 2022, que llevó a esos cinco jóvenes que perecieron ahogados a cruzar a nado el Bidasoa. A ellos se sumaron otros tres que murieron arrollados por el tren, ya en Francia; y uno que se suicidó tras ser devuelto a Irun.
Servicios de acogida
A Irun también fue devuelto Ibrahima Balde, que había pasado a Francia tras sobrevivir al desierto y al mar, y que cuenta su propia odisea en ‘Hermanito’, el libro que firma junto a Amets Arzallus y que recomendó más de una vez el papa Francisco, quien recibió a ambos en el Vaticano en 2023.
Arzallus es también voluntario y conoció a Balde durante su voluntariado en la red de acogida de Irun, que el año pasado atendió a más ded 6.000 personas migranrtes, un 53 % más que en 2023, aunque por debajo de los 8.115 de 2021.
Galardi señala que, aunque ahora haya «un poco más de aire», existen «controles móviles» que afectan «a las personas racializadas y migrantes». «Hemos constatado devoluciones desde Burdeos (Francia)», afirma. La red está en contacto con asociaciones que hacen una labor similar en Francia.
Explica que es «una constante» que la policía francesa pida la documentación a residentes de la comarca, donde es habitual cruzar la frontera por trabajo o por ocio, por eso reclama el fin de esos controles, que además, según destaca Galardi, hacen que otras personas cobren a los migrantes por ese viaje.
Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), exhortó este sábado al Estado de Honduras a que garantice la libertad de expresión en todas sus dimensiones, incluyendo el digital.
Este 3 de mayo se conmemora el día mundial de la libertad de prensa establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU señaló que los medios de comunicación ayudan a comprender el mundo que nos rodea y promueven el pensamiento crítico y el diálogo.
En ese sentido, la OACNUDH reiteró que una prensa libre e independiente constituye un pilar esencial de una sociedad democrática.
Planteó que el acceso a información veraz, el escrutinio público del poder y el debate informado son indispensables para la participación ciudadana y el fortalecimiento del Estado de derecho.
“La libertad de prensa debe ser protegida de forma efectiva, para asegurar todos procesos democráticos transparentes, inclusivos y participativos”, cita pronunciamiento de la OACNUDH.
Finalmente, OACNUDH reafirmó su compromiso de seguir acompañando a Honduras y la sociedad civil en la promoción y protección de la libertad de expresión.
Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), advirtió hoy que persiste la violencia contra las personas migrantes que, en su recorrido hacia los Estados Unidos, se exponen a riesgos como la violencia sexual, los robos, la extorsión, trata de personas y el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, declaró que “persiste” el riesgo y la vulnerabilidad que viven las personas migrantes en los países de ruta hacia los Estados Unidos.
Indicó que hay testimonios de personas retornadas, no solo de hondureños, sino que, de otras nacionalidades, que dan testimonio de la violencia que están viviendo en la ruta migratoria, especialmente, en México, por situaciones de robo, secuestros e incluso de violencia física.
Comentó que, en las visitas que han realizado a centros de atención al migrante, hay personas retornadas que han manifestado la violencia que viven no solamente los adultos, sino que también los niños retornados al país.
Señaló que a las restricciones que actualmente están implementando algunos gobiernos para el ingreso de migrantes, se suma el riesgo que enfrentan, principalmente las mujeres, que están siendo afectadas por el tema de la violencia sexual.
Reyes se refirió al programa “Hermano, Hermana Vuelve a Casa” que, al parecer, solo tendría vigencia hasta el mes de junio y que es una iniciativa diseñada por el gobierno para asegurar un retorno digno y seguro a los migrantes que son retornados como consecuencia de las políticas migratorias en otros países.
Es un programa sumamente corto y no va a responder a las necesidades de todas las personas que van a ser retornadas en este año 2025, a menos que se amplié, pero es una decisión que dependerá del gobierno central, expresó.
La defensora de los derechos humanos espera que el programa se amplié porque es importante que las personas tengan apoyo, principalmente las que están siendo retornadas al país con necesidades de protección, es decir, aquellas personas que en su momento salieron huyendo porque estaban siendo amenazadas o extorsionadas o que incluso les asesinaron a un familiar y no podían estar en su comunidad y ahora están siendo retornadas.
Esas personas necesitan de apoyo y tampoco se debe descuidar a las que urgen de apoyo económico porque fue la causa que los obligó a salir del país, dijo.
Entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2025 fueron retornados y deportados al país 12 mil 317 migrantes hondureños, de los cuales 6 mil 868 procedían de los Estados Unidos, 3 mil 312 de Guatemala y 2 mil 108 de México.
Del total de retornados y deportados 777 son niñas, mil 338 niños, mil 658 mujeres y 8 mil 544 hombres, procedentes de casi una decena de países.
Es de resaltar que, durante el mismo periodo del 2024 fueron retornados y deportados a Honduras 12 mil 446 personas, de las cuales 9 mil 313 lo hicieron de Estados Unidos, 3 mil 101 de México y 28 de Guatemala.
En los primeros cuatro meses del 2023 el número de hondureños retornados y deportados fue de 18 mil 946 mientras que, en el mismo periodo del 2022, la cifra alcanzó los 29 mil 935, cantidad que supera en más de 17 mil 600 personas a las retornadas en el 2025.
Reyes calificó también de “altamente preocupante” el cierre de empresas porque, precisamente, la falta de oportunidades de empleo es una de las causas de la migración en el país.
Ciudad de México – La organización civil Causa en Común advirtió este viernes de un aumento del 26 % en las desapariciones en México entre enero y abril de 2025, periodo en el que se registraron 5.018 casos, frente a los cerca de 4.000 contabilizados en mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales.
En un comunicado, la ONG alertó que los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano muestran que en el país hay un promedio de 42 desapariciones diarias, lo que refleja la crisis que al respecto vive México, en donde se estima que más de 127.000 personas han desaparecido desde 1964.
Además, la organización avisó que, solo entre enero y marzo, en 11 estados mexicanos hubo más reportes de desapariciones que asesinatos.
Causa en Común indicó que en Ciudad de México se registraron 581 víctimas de desaparición y 242 de asesinato; en el Estado de México (centro), 611 personas desaparecidas y 481 asesinadas, y en Tamaulipas (norte), 110 desapariciones y 74 homicidios.
La ONG también señaló que en los primeros siete meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el pasado 1 de octubre, se identificaron “al menos 8.551 casos de personas desaparecidas y 155 fosas clandestinas”.
“El gobierno federal sigue sin tomar acciones para enfrentar el drama de las desapariciones y opta por la indolencia ante las víctimas y el desdén hacia organismos internacionales”, apuntó la organización no gubernamental.
Causa en Común se refirió así al diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que hace un mes activó un procedimiento tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática” en México.
La organización rechazó la respuesta del Gobierno mexicano de “descalificar” a la ONU y proponer una serie de acciones sin contemplar “el fortalecimiento de instituciones clave, como las policías y las fiscalías, las unidades forenses o la Comisión Nacional de Búsqueda”.
“En lugar de buscar soluciones, el gobierno ahora pretende el control de los datos biométricos de todos los mexicanos lo que, unido al amago de otras regresiones, como la intención de censurar los contenidos en redes y plataformas, refuerza la dirección de un gobierno enfocado en la destrucción de instituciones y la concentración de su poder”, criticó la ONG.
Finalmente, la organización hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para hacer frente a la crisis de desapariciones en México, en las que destaca la urgencia de “revertir la militarización” y promover la recuperación de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Igualmente, Causa en Común pidió convocar al pleno del Sistema Nacional de Búsqueda, que no sesiona desde septiembre de 2024, y demandó la destitución de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, a quien consideró “inadecuada para el cargo”.
Estas cifras se difunden luego del hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel narcotraficante Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el occidental estado de Jalisco, que ha elevado la presión para que Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México.
París – La situación de la libertad de prensa empeoró en 2024 en América debido a las crisis económica y a la deriva autoritaria que afrontan muchos de sus países, que hacen que la independencia editorial se haya debilitado, alerta Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En su informe anual sobre la libertad de prensa publicado este viernes, RSF señala que el periodismo en ese continente se enfrenta a «retos estructurales y económicos persistentes», como la creciente concentración de los medios de comunicación y la progresiva «deriva autoritaria» en algunos países.
Se trata de problemas comunes a los detectados a nivel global. La organización alerta de que la situación de la libertad de prensa en todo el mundo está en su peor momento, desde que empezó a elaborar el índice en 2002, debido a la mala situación económica de los medios, en momentos en que numerosos Gobiernos atacan también a su independencia editorial.
Un total de 22 de los 28 países del continente americano registraron descensos en el indicador de la salud económica de los medios.
Caída de la Argentina de Milei
Los retrocesos más importantes en el índice general «se explican por los giros autoritarios», como es el caso de la Argentina del presidente Javier Milei, que cae al puesto 87 (se desploma 47 puestos en dos años).
Milei «ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política», recalca RSF.
El presidente argentino, además, «no ha dudado en manifestar su hostilidad hacia la libertad de prensa», señala a EFE Elena G. Viscasillas, una de las portavoces de la organización defensora de la Libertad de Información.
La libertad de prensa también se ha hundido en Perú (figura en el puesto 130 de 180 con una caída de 53 posiciones desde 2022) «bajo el efecto del acoso judicial, las campañas de desinformación y las crecientes presiones sobre los medios independientes».
En cuanto a El Salvador, que queda en el puesto 135 y acumula una caída de 61 desde 2020. RSF denuncia que «bajo la presidencia de Nayib Bukele, la libertad de prensa sufre la erosión de la propaganda y los ataques sistemáticos contra los medios críticos.
El peor resultado en América es para Nicaragua, que cae al puesto 172, incluso por debajo de Cuba (en el 165 tras subir tres posiciones). «El régimen de Ortega-Murillo ha erradicado los medios independientes, ha desposeído de la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a centenares al exilio», subraya.
Venezuela baja al 160 (156 hace un año) y se mantiene como uno de los peores países de la región, mientras que en Haití (111) la violencia de las bandas organizadas y el colapso del Estado «han convertido al periodismo en una profesión de alto riesgo», según RSF.
Pero América también ofrece algunas buenas noticias, en particular Brasil, que se sitúa en el puesto 63 y escala 47 puestos desde 2022 tras el cambio de políticas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Brasil se aleja de la fase de (Jair) Bolsonaro», señala la portavoz de RSF, quien hace notar que en el país hay ahora «una agenda política más consciente de la importancia de un periodismo libre e independiente.
El país mejor situado de América es Costa Rica (36), que aún así cae diez posiciones.
México, país más peligroso de la región para los periodistas, pierde tres posiciones hasta la 124 por la «creciente fragilidad» de su ecosistema mediático, con una fuerte caída del indicador económico.
En cuanto a Colombia, figura en el puesto 115, muestra de una actitud «ambivalente» del Gobierno, que por una parte «apoya a un panorama mediático plural» mientras que el presidente Gustavo Petro mantiene un «discurso frontal» contra los grandes medios, en un contexto de persistentes amenazas a la seguridad de los periodistas».
«Preocupante deterioro» también en Estados Unidos
De Estados Unidos, la organización señala que el segundo mandato de Donald Trump «ha provocado un preocupante deterioro de la libertad de prensa».
«Su administración ha politizado las instituciones, reducido el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas», añade.
RSF apunta a EE.UU. como el país «líder de la depresión económica» de los medios y le coloca en el puesto 57 del índice (pierde dos respecto a 2024 y 12 desde 2023).
En su informe constata que la confianza en los medios tradicionales «se está derrumbando», mientras que «los reporteros sufren una hostilidad creciente».
Los problemas económicos hacen que «muchas cabeceras locales estén desapareciendo, dejando tras de sí extensos desiertos informativos».
A ello ha contribuido que los gigantes digitales lograron en 2024 un total de 247.300 millones de dólares (un 14 % más que en 2023) a escala global por ingresos publicitarios en sus plataformas sociales, en detrimento todavía más de una situación de los medios «ya de por sí maltrecha».
Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras pidió hoy al Estado fortalecer los marcos legales e institucionales para garantizar condiciones laborales seguras, saludables, justas y satisfactorias.
El organismo internacional destacó que contar con empleos dignos y equitativos es clave para reducir las desigualdades y fomentar un desarrollo económico y social más justo en el país.
Pidió prestar especial atención a sectores como la maquila, la agroindustria, el trabajo agrícola, el trabajo doméstico y las actividades informales.
Hoy se conmemora el Día del Trabajador y en Honduras se hace con diversas marchas en las principales ciudades.
La OACNUDH recordó que hoy también se cumplen 71 años de la gran huelga bananera en Honduras.
Los trabajadores marchan para demandar mejores condiciones y salarios dignos.
Pese a tratarse de un evento históricamente de los trabajadores, los políticos hondureños han aprovechado la oportunidad para figurar y destacar sus pensamientos ideológicos.
