Washington – Carmen Mejía, una mujer que fue exonerada por la Justicia en Texas tras pasar más de dos décadas en prisión por un asesinato que no cometió, no será deportada y se encuentra en libertad, según recogen este miércoles medios locales.
La abogada de Mejía, Vanessa Potkin, confirmó al diario The Austin American Statesman que la mujer, nacida en Honduras pero que ha vivido por más de 30 años en EE.UU., fue liberada esta madrugada.
Mejía enfrentaba la posibilidad de ser deportada a Honduras, debido a una norma que fuerza a las autoridades locales a mantener retenidas por 48 horas a las personas a petición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras se decide si pueden ser deportadas o enviadas a un centro de detención para migrantes, o puestas en libertad.
Un juez del condado de Travis desestimó formalmente el caso en su contra el pasado lunes, poniendo fin a una condena que la mantuvo por 22 años en prisión.
A finales de enero, un tribunal de apelaciones la declaró inocente, después de que salieran a la luz nuevas pruebas en su caso que demostraron que la muerte de un bebé de 10 meses que tuvo bajo su cuidado en 2003 fue un accidente y no un homicidio.
«Mejía logró sobrevivir más de dos décadas en prisión impulsada por la esperanza de reunirse algún día con sus hijos. Sería la máxima injusticia que, después de vencer todos los obstáculos y demostrar finalmente su inocencia —una tarea hercúlea—, en lugar de recuperar su libertad sea trasladada a otra forma de encarcelamiento», señaló entonces Potkin, abogada de la ONG Innocence Project, en un comunicado.
Mejía llegó a Estados Unidos desde Honduras en 1995 huyendo de la pobreza y de un entorno familiar abusivo. Tenía estatus de protección temporal (TPS) y permiso de trabajo cuando fue arrestada en 2003, de acuerdo con información de la ONG.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el bebé murió porque un adulto lo mantuvo intencionalmente bajo agua hirviendo. Sin embargo, décadas después, expertos concluyeron que las lesiones eran compatibles con un accidente doméstico causado por agua extremadamente caliente proveniente del calentador de la vivienda, que no tenía dispositivos de seguridad para controlar la temperatura.
El caso se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, su administración ha ampliado las detenciones y deportaciones y ha impulsado el uso de mecanismos como la expulsión acelerada, que permite deportar a ciertos migrantes sin una audiencia judicial completa.
Además, las autoridades migratorias han incrementado los arrestos en el interior del país y el uso de la detención obligatoria, mientras que el número de personas retenidas en centros de inmigración alcanzó niveles récord en 2025, según un reporte de la organización American Immigration Council.